El Tribunal Institucional de Polonia alega en contra del aborto por motivos de malformación del feto, considerándolo como un acto inconstitucional. Situándose así como el segundo país europeo con mayores restricciones ante la irrupción del embarazo no deseado, después de Malta que lo prohibe totalmente.
La excepciones legales que permitirían el aborto consideran la violación, el incesto y la salud de la madre como únicos justificantes. La respuesta de uno de los diputados del partido que está en el Gobierno (PiS), Artur Dziambor, a través de su cuenta de Twitter ha sido: “¡La vida ha ganado! ¡La vida es lo más importante!”.
El Ministerio de Sanidad de Polonia registró en el año 2019 un total de 1.110 abortos legales, frente a una población de casi 38 millones de personas. De los abortos practicados, 1.074 (el 96 %) se llevaron a cabo por malformación del feto.
La respuesta de la población ha sido de total rechazo a la reforma de esta ley, colapsando las calles de Varsovia con cientos de miles de manifestantes que solicitan la dimisión del Gobierno. Tras días de protestas, el presidente de Polonia, el conservador Andrzej Duda, ha anunciado revisar la propuesta para modificar la Ley de Aborto y reconsiderar la irrupción del embarazo en casos muy graves de malformación del feto.
Las movilizaciones no solo han sido protagonizadas por las mujeres polacas, a esta ola de protestas se han sumando hombres que defienden el derecho a las mujeres para irrumpir un embarazo.
¿Qué pasaría si una mujer aborta de manera ilegal? A pesar de no existir un castigo directo para estas mujeres, el Gobierno puede llegar a sancionar con hasta 3 años de prisión a todas la personas que intervengan en dicha irrupción. Las mujeres mejor posicionadas a nivel social se desplazan a otros países vecinos de la Unión Europea para practicar un aborto voluntario, mientras las mujeres con menores recursos económicos se ven bajo la obligación de traer al mundo un bebé no deseado.