Paulina contesta desde su casa. Está en toque de queda, un castigo impuesto a raíz de las protestas en Chile. “Mi país cambió tanto en una semana”, es lo primero que afirma. Destaca la mala actuación de un Gobierno “ansioso por poner límites a un movimiento que no ha hecho más que empezar”. Tras varios días de manifestaciones y represión, asegura sentir el estrés y agotamiento psicológico que el miedo y la incertidumbre provocan en una situación así.
“Hay personas que creen que va a haber otro gobierno militar”
Paulina es politóloga y ha trabajado en Colombia, Guatemala y Kenia como observadora internacional para varias organizaciones no gubernamentales. Se ha visto en situaciones similares fuera de Chile, pero nunca imaginó que volvería a vivirlas dentro de su país. “Hay personas que creen que va a haber otro gobierno militar”, comenta. Pues la sombra de la dictadura de Pinochet pesa en las protestas chilenas.
El gobierno de Sebastián Piñera no tiene una estrategia clara, según ella, “protegió más los derechos de las empresas que de las personas”. Las protestas en Chile comenzaron en Santiago y rápidamente se extendieron a todo el país, culminando en una gran marcha el viernes pasado. Un hecho sin precedentes que movilizó a un millón de personas en la capital, marcando un antes y un después en el movimiento.
“El sistema económico beneficia solo a unos pocos”
María, es una barcelonesa que llegó a Santiago de Chile en 2013 huyendo de la crisis en España. “El país vivía el sueño americano en esa época, todo eran oportunidades”, afirma. Sin embargo, no tardó en encontrarse con una realidad muy distinta: jornadas laborales de 45 horas, precariedad y un transporte público saturado y “carísimo”.
La subida del billete del metro, medida anulada tras las protestas, fue lo que desató la movilización en el país andino. El gobierno pretendía subir 30 pesos la tarifa. Una cifra que puede parecer insignificante a primera vista y que cobra sentido al saber que un billete de metro en Santiago cuesta 1,10 euros, diez céntimos menos que en Madrid. Más aún si conocemos que el salario medio en Chile está en 1.000 euros, a diferencia de España que actualmente se mantiene en 1.658 euros.
“La sanidad está basada en un sistema público-privado que clasifica a los pacientes según sus ingresos”
Las desigualdades económicas y sociales son innegables, según María: “el sistema económico beneficia solo a unos pocos”. Mientras tanto, personas con 70 años siguen trabajando porque no van a tener pensión o no les da para costearse los medicamentos. El sistema de pensiones en Chile está prácticamente privatizado y sometido al mercado. Para calcularlo se utiliza la cotización, la rentabilidad de la cotizaciones, la cantidad acumulada en un fondo de capitalización individual y la expectativa de vida de la persona.
Igualmente, la sanidad está basada en un sistema público-privado que clasifica a los pacientes según sus ingresos. La asistencia gratuita es solo para aquellos con una renta inferior a los 340 euros mensuales. Los que superan esta cifra y se acercan a los 500 euros deben pagar entre el 10% y el 20% de los costes sanitarios. En este grupo es donde se dan los principales problemas para acceder a una cobertura médica digna.
“Los chilenos y chilenas han dicho basta a un sistema que ha promovido un malestar crónico en la sociedad y una profunda desigualdad en los últimos 30 años”
La educación es otra de las grandes heridas abiertas en Chile. Está considerado uno de los países más caros para estudiar. Los estudiantes se endeudan durante años para poder acceder a la universidad y muchas veces no terminan sus estudios porque es imposible asumir el coste. El sueldo medio chileno es de 1.063 euros y ninguna carrera universitaria baja de los 3.000 euros al año.
Los chilenos y chilenas han dicho basta a un sistema que ha promovido un malestar crónico en la sociedad y una profunda desigualdad en los últimos 30 años. A pesar de contar con una economía más avanzada que el resto de países latinoamericanos, las desigualdades son enormes. El 10% de la población se lleva el 41% de los ingresos. En España esta cifra es del 25%, un dato que sirve para entender las protestas en Chile.
¿Cuáles son las consecuencias de implantar un modelo de desarrollo económico excluyente y discriminatorio? ¿Conseguirá Chile canalizar este movimiento en cambios sustanciales que le permitan crear un modelo de país menos desigual?
