Majestades:
Me dirijo a Ustedes con la esperanza de que esta carta no se pierda en el anonimato de los tantos ruegos que seguramente llegan a sus oídos. Soy una ciudadana argentina con doble nacionalidad española, por herencia de mi bisabuelo navarro. Mi nombre tal vez no les diga nada, pero represento a una voz que muchas veces queda silenciada: la de quienes han hecho todo lo posible por integrarse, trabajar con honestidad, y vivir con dignidad… pero siguen tropezando con un sistema que, lejos de contenernos, nos relega.
Hace tres años llegué a España, país que elegí por afinidad cultural, por mis raíces y por el deseo de vivir en una sociedad con oportunidades reales. Lo hice sin romper nunca ninguna norma, con toda la documentación en regla, con la ilusión y la voluntad de salir adelante a pesar de mi condición de discapacidad motriz. He recorrido varias comunidades autónomas —Navarra, Barcelona, Álava y Madrid—, siguiendo las oportunidades laborales que se me presentaban. En cada una he aprendido a adaptarme, incluso cuando las condiciones eran injustas o precarias.
He trabajado donde se me ha necesitado, mayormente en empresas que usan las cuotas de discapacidad para cumplir con requisitos legales, sin preocuparse por el verdadero bienestar de quienes las ocupamos. Aun así, jamás me quejé, porque creo en el valor del esfuerzo, no en el victimismo. Nunca esperé nada regalado. Me formé como técnica superior en producción audiovisual y como coach ontológica, titulada en Barcelona con una beca que gané gracias a mi empeño. Pero ninguna de estas formaciones me permite hoy vivir dignamente. Trabajo como administrativa, con un salario mínimo, en condiciones inestables, y alquilando habitaciones en pisos compartidos que a veces rayan lo inhumano.
He vivido con personas de diversas nacionalidades, en espacios donde debía esconderme cuando venía la propietaria, donde compartir el baño o la lavadora se volvía una estrategia, donde escuchar la puerta abrirse a las tres de la mañana significaba entrar en alerta, o donde, simplemente, no sabía con quién iba a convivir esa semana. Todo esto sin haber cometido nunca ninguna ilegalidad. Me cuesta entender cómo, teniendo todo en regla, no puedo acceder a una vivienda mínima y digna, mientras otros, sin documentación, logran no solo establecerse, sino incluso lucrar con ese vacío legal.
En cuanto a mi salud, soy paciente de una enfermedad rara: el síndrome de Gorlin. Llevo más de 20 cirugías y próximamente voy a recibir quimioterapia oral como único tratamiento viable. Gracias al sistema de salud público español formo parte de una investigación médica, y valoro profundamente el nivel de desarrollo científico del país. Pero el acceso real a tratamientos complementarios, como fisioterapia neurológica, es solo posible por la vía privada, algo a lo que no puedo aspirar. Estoy en una zona gris: demasiado enferma para ser plenamente autónoma, pero no lo suficiente como para acceder a ayudas o pensiones del Estado.
Hoy escribo estas líneas no como una súplica, sino como un grito de desesperación. Me siento al límite. He hecho todo lo que está a mi alcance, legal y moralmente. He sido resiliente, trabajadora, responsable. He intentado integrarme con respeto, sin exigir, sin militancia política alguna —de hecho, fue justamente la corrupción política la que me obligó a dejar mi país, habiendo sido funcionaria pública—. Pero me encuentro sola, sin red, sin recursos, y cada día más vulnerable.
No quiero privilegios. Solo pido justicia. Una oportunidad real. Un gesto de humanidad. Porque si el sistema no tiene lugar para personas como yo, ¿para quién está diseñado entonces?
Gracias por leerme. Que este llamado encuentre eco, no solo por mí, sino por tantas personas que viven en los márgenes de la visibilidad.
Con profundo respeto, María Eugenia Roson Saino
