Esterilización forzosa en niñas y mujeres con discapacidad

“Hay temas de los que no nos gusta hablar, de los que no hablamos nunca…”

En el último evento de ‘Soluciones Contagiosas’ organizado por Plena Inclusión Madrid, tuve la oportunidad de escuchar a Ana Peláez, experta internacional, miembro de los Comités de Naciones Unidas para Personas con Discapacidad y para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comisionada de Género de CERMI (Comité español de representantes de personas con discapacidad) y Directora de Relaciones internacionales de la ONCE. Así iniciaba su exposición sobre la esterilización forzosa -no consentida- en niñas y mujeres con discapacidad, un tema hasta entonces totalmente desconocido para mí y que me impactó especialmente. Once minutos de valentía, verdad incómoda y denuncia necesaria.

“La esterilización forzosa se comete cada día contra miles de mujeres en el mundo. Y se comete en España, especialmente contra mujeres y niñas con discapacidad, no solamente intelectual, psicosocial, autismo o sordoceguera, sino con cualquier tipo de discapacidad”, comentaba Peláez.

“Una práctica que niega sus derechos fundamentales, especialmente los sexuales y reproductivos, aunque no los únicos”

Y esto ocurre al amparo de la legislación actual (artículo 156 del Código Penal) y en contra de compromisos internacionales en Derechos Humanos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o el Convenio de Estambul del Consejo de Europa.  Una práctica que niega sus derechos fundamentales, especialmente los sexuales y reproductivos, aunque no los únicos… Una práctica que se disfraza de ‘esterilización terapéutica’, que afecta a la salud, especialmente de niñas y adolescentes (aparición temprana de la menopausia, osteoporosis, desarrollo de enfermedades cardiovasculares, etc.), a su dignidad, a su identidad como mujer y que aumenta notablemente su exposición al abuso y a la violencia sexual. A esto se suma la realización de abortos involuntarios o coercitivos, o la ligadura de trompas no consentida en el mismo parto, cuando el embarazo no se ha ‘evitado a tiempo’.

“Existen muchos mitos que ‘avalan’ estas decisiones: el interés superior del menor, el bien de la sociedad, la comunidad y la familia, la incapacidad de estas mujeres para ser madres y su propio interés y bienestar. Pero en realidad, la esterilización forzosa es una vulneración flagrante de los derechos humanos y se convierte en una oportunidad de oro para los agresores que abusan sexualmente de estas niñas y mujeres, en las instituciones, en los colegios, en los hospitales, en sus entornos más cercanos, en sus familias.” 

Sus principales reivindicaciones fueron las siguientes:

• Un cambio en la legislación que realmente asegure la prohibición de la esterilización forzosa.
• Que las políticas e instituciones públicas se hagan eco de que estas mujeres y niñas tienen que tener garantizados todos los derechos y servicios que existen para el resto de mujeres y para la ciudadanía en su conjunto. Empezando por el derecho al acceso a la justicia que se les niega, ya que al ser esterilizadas quedan incapacitadas legalmente y no pueden denunciar los abusos sexuales que siguen sufriendo.
• La implicación de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas que luchan por los derechos de las personas con discapacidad
• Formar, asesorar y acompañar a las familias.
• Asegurar el establecimiento de mecanismos de protección ante el abuso y violencia sexual, especialmente en las instituciones, cerradas y segregadas
• El pleno reconocimiento del error histórico, de esta vulneración total de derechos fundamentales perpretada contra miles de niñas y mujeres con discapacidad en nuestro país, con una media que supera los 100 casos anuales.

En una entrevista reciente en el espacio ‘Mujer tenía que ser’ de #ElIntermedio, Ana explicaba: “Conceptualizamos a la gente con discapacidad en un todo único, sin darnos cuenta de que la diversidad de la discapacidad es tanta como la diversidad humana… Parece que las mujeres con discapacidad no tuviéramos sexo y se nos considera así porque la sociedad tiene ese miedo a que reproduzcamos la vida de hijos o hijas con discapacidad… Se piensa que la posibilidad que tenemos de reproducir la discapacidad es muy alta, que no vamos a ser capaces de apoyar y cuidar de nuestros hijos y que, además, ¿quién va a querer a una mujer con discapacidad?… “

“La sociedad condiciona a estas mujeres a asumir que son incapaces de ser madres, en vez de hacerles conscientes de sus derechos y proporcionarles el apoyo”

El pasado 20 de enero, un artículo de Euronews destacaba que las esterilizaciones forzosas en España estaban en el punto de mira de la Human Rights Watch (HRW), una organización no gubernamental y sin fines de lucro, que lucha contra la vulneración de los derechos humanos y que está conformada por aproximadamente 400 miembros en todo el mundo. Compartía también la dura historia de Cristina Paredero, a quien con 18 años diagnosticaron síndrome de Asperger y fue sometida a esterilización bajo la presión de su propia familia. “Mis padres siempre vieron mi Asperger como una enfermedad y no como una capacidad distinta. Ellos me repetían que no era responsable para tener relaciones sexuales porque podría quedarme embarazada; que no iba a ser capaz de asumir la responsabilidad de ser madre; que, como yo era Asperger, mis hijos lo heredarían; y su insistencia hizo que se me grabase a fuego la idea de que no podía tener hijos. A medida que fui creciendo, descubrí que los profesionales con los que hablaba tenían otra opinión completamente distinta y me di cuenta de que había sido manipulada para el propio beneficio y tranquilidad de mis padres, sin que se hubiese tenido en cuenta el mío”, relataba Cristina.

Sin duda, como se cita en el artículo, la sociedad condiciona a estas mujeres a asumir que son incapaces de ser madres, en vez de hacerles conscientes de sus derechos y proporcionarles el apoyo y los recursos que pudieran ser necesarios, analizando la realidad de cada caso. Cuando un tutor solicita la esterilización al juez y es autorizada, esta se lleva a cabo sin más, en algunos casos ignorando la negativa expresa de la persona afectada, en otros bajo engaño, haciéndole creer que se trata de otro tipo de intervención médica. 

“El Pleno del Senado dio el primer paso para erradicar las esterilizaciones forzosas”

La presión derivada de las críticas desde diferentes organizaciones internacionales y del gran trabajo desarrollado por organizaciones nacionales como CERMI y Plena Inclusión denunciando esta situación, han recogido sus frutos.  El 26 de febrero de este año, el Pleno del Senado dio el primer paso para erradicar las esterilizaciones forzosas de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente en España. Casi la totalidad de la cámara (a excepción de dos votos en contra de Vox y una abstención de Teruel Existe) votó a favor de una propuesta de Ley para la modificación del Código Penal en este sentido. Se trata de la primera proposición de ley que admite a trámite el Senado y que en tan sólo una semana (6 de marzo) ha sido remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Sin duda, un hito a celebrar, especialmente en una fecha como esta: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de TODAS las mujeres, que conmemora la lucha por nuestra participación dentro de la sociedad, nuestra emancipación y nuestro desarrollo íntegro como personas. 

Y con motivo de esta conmemoración, desde la Fundación CERMI Mujeres han publicado el MAFIFIESTO DE LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD: “POR NUESTRA SALUD, POR NUESTROS DERECHOS”, que sin suda merece una lectura.