Bajada:
Cronología de una lucha: tras 38 votos afirmativos, 29 negativos, 1 abstención, y 4 ausentes, se convirtió en Ley el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina.
Cuerpo:
Una marea verde.
Banderazo, pañuelazo, lágrimas y abrazos.
A las 4.12 de la madrugada (08.12 de España) del miércoles 30 de diciembre, luego de una sesión maratónica de poco más de 12 horas, el Senado sancionó la legalización del aborto junto al Plan de los 1000 días. La histórica asamblea fue seguida por miles de manifestantes, colectivos de mujeres y personas gestantes de todo el país que impulsaron, lucharon y sostuvieron durante décadas la consigna: Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para no Abortar y Aborto Legal para no Morir.
La despenalización de la interrupción del embarazo se discutió por primera vez en el país en 2003 en el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), en su edición n°18 con sede en Rosario, donde surgió el pañuelo verde que identifica la lucha argentina a nivel mundial.
En 2005 se lanzó por primera vez la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que juntó miles de firmas que fueron entregadas en el Congreso de la Nación, en paralelo con una marcha con presencia de personas de todo el país.
Un año más tarde, la Campaña formuló su primer proyecto de Ley y lo presentó, por primera vez sin lograr estado parlamentario.
En 2008 se presentó formalmente el proyecto y obtuvo estado parlamentario con la primera firma de la diputada socialista, Silvia Augsburger. Desde ese entonces, la Campaña presentó su proyecto cada dos años (tiempo en que se agota la posibilidad de tratamiento en el Congreso), y logró, por primera vez en 2018, por la Cámara de Diputados, la media sanción, que luego se perdió en Senadores (la Cámara tradicionalmente más conservadora). Sin embargo, ese año, indiscutiblemente se ganó la conciencia social.
Es decir que diecisiete años más tarde, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina culminó (o recién comenzó) como producto de la constancia y de la llama viva del movimiento feminista, dejando atrás la legislación vigente promulgada en 1921, que castigaba con cuatro años de cárcel a las mujeres que abortaban y sólo permitía la interrupción del embarazo en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.
Conseguida la Ley no se acaba el trabajo: el poder ejecutivo debe promulgarla y luego reglamentarla. De ahora en más, se requiere de política pública y mucho control por parte de la sociedad civil para exigir al Estado cumplimiento, protocolo y acompañamiento.
