Norma Cabrera tiene 48 años y vive en la zona norte de Cañada de Gómez (Santa Fé, Argentina). Desde el año 2015 denunció diez veces ante las autoridades municipales, Fiscalía y Jefatura fumigaciones a quince metros de su vivienda. En octubre de 2022 la Justicia de la provincia imputó al productor agropecuario que ordenaba esas prácticas, al dueño del campo y a quién realizaba las aplicaciones por “Contaminación de modo peligroso para la salud y el medio ambiente, art.55 de la Ley Nacional 24051 (Residuos Peligrosos)”. El art. 1 de la ordenanza municipal 1748, elaborada en 1985 y vigente cuando comenzó el conflicto, establecía la prohibición de utilizar fitosanitarios y tóxicos a menos de tres kilómetros del área urbana pero una modificación que introdujo la intendenta de la ciudad y aprobó, por mayoría, el Concejo Deliberante en el año 2018, antes que la Justicia diera lugar al reclamo, redujo la distancia a 150 metros.
El Juez que entiende en la causa, Álvaro Campos, resolvió a favor, un pedido de la querella pidiendo el denominado Cese de Estado Antijurídico que es una medida cautelar para proteger la salud de Norma mientras se resuelve el litigio. Esta medida indica que “no se puede seguir fumigando sin respetar una distancia de 500 metros o más, debiendo presentar mediante ingeniero agrónomo una receta agronómica previo a la aplicación y un informe a las 48 horas posteriores en Municipalidad. Además debe informar dos días antes a la familia Cabrera y tener en cuenta la dirección del viento y temperatura” indica el abogado Micheloud y concluye: “La investigación incluyó allanamientos, muestras, testeos, entrevistas y exámenes médicos. Los resultados fueron dramáticos: se confirmó la presencia de glifosato en el cuerpo de Norma, en el suelo y el agua de la vivienda”.
Norma enumera los problemas físicos de convivir con el glifosato: “Tengo 48 años, uso bastón, tengo alergias y voy a tomar medicación de por vida. Soy diabética, se disolvieron los tejidos de mi pierna izquierda y tuve que operarme. Los días que fumigan, mi cara se hincha, mis pechos se ponen duros y tuve muchos problemas en la zona genital. Tengo 48 pero parezco de 80”. Además de los estragos en su salud, parte de su familia tiene problemas hepáticos, su hija sufrió abortos espontáneos que derivaron en esterilidad y quince personas de las veinticinco que viven cerca del campo padecieron y padecen distintos tipos de cáncer. Una huerta que tenía para consumo personal se secó por completo y los animales se fueron muriendo uno a uno. Desde Benito, el pavo real, hasta las ovejas, cerdos y gallinas. Las mascotas de sus vecinos corrieron la misma suerte.
La lucha solitaria
A pesar de los problemas de salud que padecen familiares y vecinos, Norma se presentó sola como querellante. Sus hijos fueron despedidos de sus trabajos en campos propiedad de productores agropecuarios de la localidad. El poder político en defensa del modelo de producción agropecuario la hizo padecer amenazas y ofertas de todo tipo: desde regalarle un tractor, persecución judicial por la cría de animales, hasta un aviso no amistoso para que retire una bandera del frente de su propiedad que rezaba: Fuera Monsanto, Bayer y Nova.
Es la primera vez que se imputa a un productor agropecuario en la justicia penal de Santa Fe. Para buscar antecedentes en el país, Ituzaingo, en la provincia de Córdoba fue el caso más resonante. Las penas que se aplican para un delito de estas características van de los 3 a los 10 años de cárcel y una multa económica.
Norma Cabrera afirma que la plata no le interesa pero que ella no nació enferma, la fumigación marcó su vida y su lucha es en beneficio de todos los habitantes de la ciudad: “¿Cómo me va a devolver todo el deterioro a mi salud?”. La Justicia tiene la respuesta.
Lamentable el caso de Norma…y como Norma muchos casos que son silenciados, por la plata y el poder en nuestro sur y norte de la provincia de Santa Fe
Excelente y necesaria nota sobre un tema que no tiene mucha repercusión en los medios. Gracias!
Excelente nota!!!